El Tribunal Provincial de Villa Clara dejó concluso para sentencia el juicio celebrado este martes contra Yaser García López, al que la Fiscalía solicitó ocho años de privación de libertad.
García López, médico veterinario de profesión, fue acusado por Propaganda contra el orden constitucional y Desacato por publicaciones críticas al régimen en las redes sociales y por gritar frases antigubernamentales durante un apagón en la barriada santaclareña donde reside.
“Él ha sido juzgado por el ejercicio de derechos fundamentales como la libertad de expresión que está reconocido en los estándares internacionales de protección de Derechos Humanos. Por tanto, estos actuares de Yaser no son ilegales, no son Ilegítimos, de acuerdo a estos estándares internacionales, o están protegidos por la libertad de expresión”, indicó Giselle Morfi, Jefa del Equipo de abogados del centro de asesoramiento legal Cubalex.
Había sido detenido en marzo pasado en el cuartel provincial de la policía política y luego trasladado bajo la medida de prisión provisional a La Pendiente, donde actualmente se encuentra.
“Esto es un patrón que estamos viendo constantemente, donde castigan a las personas que hacen publicaciones críticas en redes sociales con el objetivo de que surta como efecto ejemplarizante y callar a toda la sociedad, o sea, en busca de un efecto inhibitorio para que las personas no denuncien, no digan nada, no hablen mal del Gobierno y así, ellos, sostener un mayor control sobre la sociedad cubana”, recalcó Morfi.
Cubalex alertó que el caso de García López evidencia, una vez más, la ausencia de garantías judiciales en la isla, donde el sistema penal es una herramienta de control político para criminalizar el disenso y aplastar el ejercicio legítimo de derechos fundamentales.
En Facebook, decenas de personas, vecinos, colegas y familiares del veterinario, condenaron las imputaciones de las autoridades policiales y judiciales calificándolas de injustas y arbitrarias. Otros convinieron en que sabían que la forma en que Yaser decía las “verdades” le traería “problemas”.
“Estamos viendo cómo todo lo que implique libertad de expresión, crítica, exigencia de rendición de cuentas, es fuertemente castigado con privación de libertad, o sea, el precio que se paga por decir la verdad en Cuba, por exigir rendición de cuentas al Estado es altísimo”, subrayó la jurista.
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